Por una antropologia...(2ª parte)

Primero, educación para la emancipación. La educación sigue siendo la más efectiva palanca para la emancipación de las personas, y la prueba definitiva que separa progresistas de reaccionarios. La universalización de una educación analítica y experimental, con frecuentes reciclajes y oportunidades de acceso o reentrada a la fuerza de trabajo, debe constituir la primera y prioritaria estrategia de la izquierda. Desde el punto de vista de valores, no necesariamente presupuestario, ha de ser la más importante, incluso más que la sanidad. Sin educación para la competitividad global no hay libertad, sólo paro, dependencia y alienación.
Segundo, democratizar la innovación y el mercado. No existe igualdad de oportunidades para ser empresario o innovador. Debe trabajarse por ello, ampliando a la mayoría de ciudadanos el acceso a los instrumentos financieros y cognitivos que permiten innovar y crear actividad económica. Para lograrlo es necesario aplicar las reglas del capitalismo a los capitalistas, fomentando la competencia y mercados abiertos frente al corporativismo, especialidad de la derecha española camuflada en su discurso liberal. La izquierda debe reconocer que los emprendedores pueden ser agentes de cambio, de circulación de elites. Asumir que agentes económicos con capital no son progresistas, dejar a la derecha su representación, es una de las torpezas de la izquierda continental comparada con la anglosajona.
Tercero, transformar la solidaridad. La izquierda ha de replantearse si lo estatal es el instrumento de solidaridad a privilegiar. El Estado puede ser un eficiente ejecutor de políticas sociales, pero deja de serlo cuando está inmovilizado por intereses corporativos y élites que neutralizan su potencial redistributivo. Lo esencial del Estado es garantizar el derecho universal a servicios sociales básicos, no ser el medio único de prestación. Éstos deben estar abiertos a la gestión privada, con controles, donde haya razones de eficacia, ahorro y calidad, y rechazarla sin complejos donde no se den. Además, el repertorio de soluciones institucionales para proveer servicios sociales es mucho más amplio que lo puramente estatal o privado, como por ejemplo un tercer sector gestionado por el asociacionismo cívico.

Los perdedores del sistema son hoy ya mayoría; las clases medias tienen todavía conciencia de clase burguesa pero realidad material de clase en precarización. El partido que vehicule la demanda de cambio de esta nueva mayoría será el partido dominante del futuro. La izquierda debe aprovechar la oportunidad; no tanto moverse al centro, sino mover el centro. Para hacerlo necesita soltar lastre de su tradicionalismo doctrinal y construir con las clases medias una mayoría de cambio: transitar de la protección social a la capacitación para posibilitar la emancipación de las personas; de la desconfianza del mercado a la promoción de una economía de innovación que genere recursos para la educación; y del inmovilismo en lo social a una solidaridad responsable, con criterios de racionalidad, sin a prioris, sobre quién y cómo presta los servicios sociales, y con una fiscalidad eficaz que reduzca la desigualdad de rentas.

La tarea es urgente. La izquierda con vocación de gobierno sigue cayendo en voto pese a que la crisis la gestiona ahora la derecha. La razón es que hoy es difícil saber qué espera de las personas, a qué cree que pueden aspirar, qué valor tiene para ellas el trabajo, y cómo se despliega eficazmente la solidaridad. Sólo protestar, estar a la defensiva, esperando que la derecha falle, es insuficiente. La elección para el progresismo es clara: resurgir ofreciendo la alternativa innovadora que pueda concertar una mayoría o desaparecer ante una nueva corriente política más transformadora, dejando entre tanto a las clases trabajadoras y medias sin alternativas a los populismos.

José Luis Álvarez es doctor en Sociología por la Universidad de Harvard y Profesor de INSEAD, Francia-Singapur, y Ángel Pascual-Ramsay es director de Global Risks en ESADEgeo y Senior Fellow de la Brookings Institution